"Sobrepoblación, hacinamiento y torturas sistemáticas son la base de este sistema que sólo reproduce la violencia y vulnera los derechos de las personas detenidas. Esta crisis es el resultado de una política criminal punitivista que podría endurecerse aún más si se aprueban las reformas regresivas a la ley de ejecución penal propuestas por el gobierno provincial, como ya se hizo en Nación el año pasado", aseguraron desde la Comisión provincial por la Memoria.
En este sentido, el organismo aseveró que "los hechos ocurridos en la Comisaria 3ra de Merlo, donde los detenidos denunciaron públicamente las condiciones infrahumanas de detención, son un claro ejemplo de la situación dramática que se vive en todos los lugares de encierro de la Provincia. No es un hecho excepcional sino una realidad generalizada".
La CPM viene denunciando desde hace años, que el sistema está colapsado y genera múltiples y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas. Esta situación ha motivado la presentación de cientos de habeas corpus, reiterados informes a la Justicia y los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y motivó incluso la solicitud de una medida cautelar ante la CIDH en 2015.
Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en cuenta por las autoridades ni los funcionarios judiciales. La política criminal y penitenciaria ha profundizado aún más su sello regresivo conduciendo a un colapso total.
De acuerdo a lo informado por la CPM, "este colapso se expresa, en primer lugar, en la cantidad de personas detenidas en todo el sistema de adultos. A noviembre de 2017 había 42.800 en toda la provincia, lo que implica un 90% de sobrepoblación contra un 65% del año anterior".
En tanto, en las comisarías la situación se agrava día a día, porque en ninguna de ellas existen las mínimas condiciones para alojar personas. A principios de diciembre de 2017 había 3097 personas detenidas en comisarías, padeciendo estas pésimas condiciones de encierro, con situación de sobrepoblación y hacinamiento extremo. Los apenas 1.034 camastros existentes en comisarías provinciales son una muestra de la gravedad descripta. Dos de cada tres detenidos duermen en el piso, la mayoría de las veces sin colchón. Este deterioro estructural del sistema es el que se puso en evidencia en la Comisaría 3ra de Merlo.
Por esto, la CPM intervino ante el Juzgado de Garantías Nº 4 de Morón, para solicitar una serie de medidas tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas allí detenidas. En el mismo escrito, la CPM pide además que se dé cumplimiento a la orden de clausura que pesa sobre la Comisaría 3ra de Merlo, al tiempo que prohíba el alojamiento de cualquier otra persona en el futuro.
Aun hoy, el 80 % de las comisarias que alojan detenidos no cuentan con los medios adecuados para enfrentar incendios o siniestros de ningún tipo: no hay matafuegos, no hay red de incendios o un sistema de contingencia adecuado. Los hechos que ya se sucedieron en otroas comisarías puede repetirse en cualquier momento, todas las dependencias policiales son escenarios posibles por sus condiciones de alojamiento contrarias a las leyes vigentes.
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